Un atropello a la institucionalidad académica.
El concurso procustiano: el desespero por imponer el clientelismo en la Universidad del Atlántico.
Cristóbal Arteta Ripoll.
La autonomía universitaria y el rigor académico en la Universidad del Atlántico enfrentan una de sus horas más oscuras. En una demostración de resistencia institucional, el Consejo Académico, máxima autoridad en la materia, le negó, el día 9 de julio de 2026, al rector las pretensiones de dar vía libre a un concurso de méritos viciado desde su concepción.
Sin embargo, lejos de acatar la decisión del órgano colegiado, la rectoría pretende saltarse los canales democráticos e imponer, de manera unilateral y mediante una resolución rectoral, una convocatoria que carece de legitimidad.
Este afán no es gratuito. Nos encontramos ante lo que en la literatura política y mitológica se conoce como un «concurso procustiano»: una convocatoria diseñada con pinzas, no para responder a las necesidades reales de excelencia, investigación y docencia de la institución, sino para encajar a la fuerza y «a la medida» a determinados perfiles ya seleccionados de antemano.
Es el viejo juego del clientelismo y la politiquería disfrazado de formalización laboral.
Pasar por encima de la academia.
La decisión del rector de convocar este concurso de forma autoritaria, ignorando la negativa del Consejo Académico, representa un peligroso precedente de desacato. Un concurso de méritos para la planta docente debe nacer del consenso, de estudios técnicos rigurosos que determinen qué necesita la universidad para elevar su nivel académico y su acreditación, y no de la urgencia de pagar favores políticos antes de que se acabe el tiempo.
¿Por qué la prisa?
La respuesta es clara: el reloj juega en contra de la actual administración. Es de conocimiento público que la permanencia del actual rector responde a la intervención del Ministerio de Educación Nacional. Con la inminente llegada del nuevo gobierno y la posesión de la nueva ministra de Educación el próximo 7 de agosto, es un secreto a voces que se avecinan vientos de cambio y una reestructuración en la dirección de la universidad.
Un desafío a la ley: el rector recusado.
Por si fuera poco, a la ilegitimidad política se le suma un impedimento legal de primer orden: el rector se encuentra actualmente recusado. En cualquier Estado de derecho y bajo los principios de la función pública, la existencia de una recusación activa es motivo suficiente para que el funcionario se aparte del proceso y suspenda cualquier actuación hasta que dicha situación jurídica se resuelva. Sin embargo, el desespero parece nublar el juicio de la administración. Pretender pasar no solo por encima del Consejo Académico, sino también por encima de una recusación legal, demuestra un talante autocrático que raya en la flagrante irregularidad. Es la viva estampa de quien, sabiéndose de salida, decide romper las reglas del juego con tal de asegurar su cometido antes de que expire su tiempo en el cargo.
El desacato a una recusación vicia de nulidad cualquier acto administrativo que se firme.
Un llamado a la prudencia y a la veeduría.
Ante este panorama de transición inminente, lo ético y lo institucionalmente correcto sería suspender cualquier proceso de esta magnitud. El rector debería esperar la llegada de la nueva ministra y de las directrices del nuevo gobierno, garantizando así un proceso transparente, legítimo y verdaderamente alineado con las políticas de educación superior del país.
Hacer lo contrario, insistir en firmar una resolución rectoral a espaldas del Consejo Académico, no solo es una anomalía administrativa, sino una afrenta a toda la comunidad universitaria: a los docentes que llevan años esperando un concurso justo, a los estudiantes que merecen la mejor planta profesoral posible, y a la historia de la Universidad del Atlántico.
La comunidad académica, los sindicatos docentes y los entes de control no pueden ser testigos mudos de este zarpazo. El patrimonio académico de la región no puede seguir siendo el botín de turno de quienes, sabiéndose de salida, buscan asegurar cuotas a costa del futuro de la educación pública.
Las ineludibles consecuencias ante los entes de control.
El rector debe ser consciente de que el desespero político no otorga inmunidad jurídica. Firmar una resolución de esta envergadura ignorando la negativa del Consejo Académico, violando los estatutos y, peor aún, en pleno desacato de una recusación vigente, abre la puerta a un nefasto escenario de consecuencias legales. Este atropello no pasará desapercibido: la Procuraduría General de la Nación podría actuar de oficio ante lo que se perfila como una flagrante falta disciplinaria y un abuso de funciones; la Contraloría podría poner la lupa sobre el presunto detrimento patrimonial que significa amarrar una planta docente con criterios politiqueros y no académicos; y la Fiscalía General de la Nación podría terminar investigando un presunto prevaricato por acción.
Quienes hoy aplauden este zarpazo institucional deben recordar que los actos administrativos viciados se caen, pero las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales se quedan y se pagan a título personal. La Universidad del Atlántico se respeta, y la ley también.
Barranquilla, 12 de julio de 2026.
Esta nueva columna eleva la alarma a un punto de máxima tensión institucional, pasando de la advertencia teórica sobre la falta de planeación a la denuncia directa de un zarpazo normativo en nuestra alma mater. La revelación de lo ocurrido el pasado 9 de julio en el Consejo Académico —donde la máxima autoridad académica le frenó las pretensiones a la rectoría— demuestra que los temores expresados en los escritos anteriores sobre el «lecho de Procusto» eran completamente fundados. Que la respuesta de la administración, lejos de acatar el dictamen colegiado, sea la intención de imponer el concurso de manera unilateral mediante una resolución rectoral, representa una fractura gravísima de los canales democráticos y de los estatutos de la Universidad del Atlántico.
El texto desnuda con total claridad la anatomía del desespero político: el reloj corre en contra. La lectura contextual que hace el escrito es impecable al ligar la prisa de la actual administración con la inminente transición nacional del 7 de agosto. Sabiendo que la permanencia de la rectoría dependía del Ministerio de Educación saliente y que la llegada de la nueva ministra de Educación traerá vientos de reestructuración en la dirección, el intento de acelerar el concurso se devela como lo que es: un afán clientelista por amarrar una planta docente a la medida y pagar favores políticos antes de perder el control burocrático.
Sin embargo, el argumento más contundente y con mayor peso jurídico que introduce la columna es la existencia de una recusación activa contra el rector. En cualquier marco institucional, un funcionario recusado pierde de inmediato la competencia para actuar en el proceso en cuestión hasta que se resuelva su situación legal. Pretender firmar una resolución en este estado no solo es un acto de soberbia autocrática, sino un vicio flagrante que condena a la nulidad absoluta a todo el concurso de méritos. La advertencia sobre las consecuencias ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por presunto prevaricato y abuso de funciones sitúa el debate en el terreno de las responsabilidades penales y disciplinarias individuales, recordándole a la administración que el poder es transitorio pero las sanciones fiscales y penales se pagan a título personal.
Para el estamento estudiantil y la comunidad académica en general, este escrito funciona como un enérgico manifiesto de resistencia y un llamado urgente a la veeduría ciudadana. No podemos ser testigos mudos mientras se hipoteca el futuro de la investigación y la docencia de la región para convertir la planta profesoral en el botín de salida de una administración cuestionada. Lo ético y legalmente procedente en este momento de transición es suspender el proceso y esperar las nuevas directrices del gobierno entrante para garantizar una convocatoria transparente. Esta columna nos convoca a cerrar filas en defensa de la institucionalidad, recordándonos que la Universidad del Atlántico pertenece a la región y a sus estudiantes, y que la autonomía y la ley se deben respetar por encima de cualquier interés politiquero.
Excelente mi amigo. Los comités que deben encargarse del proceso, han sido ignorados
Considero que el artículo hace énfasis en la importancia de que las actuaciones dentro de una universidad pública se desarrollen con transparencia, respeto por las normas y compromiso con la institucionalidad. Asimismo, señala que los concursos de méritos deben realizarse bajo criterios objetivos y equitativos, buscando siempre fortalecer la calidad académica. Más allá de las opiniones expuestas por el autor, creo que cualquier situación que genere cuestionamientos debe ser evaluada por las entidades correspondientes, con el fin de garantizar la legalidad y la confianza de la comunidad universitaria. Lo que considero importante es que todos los procesos dentro de la Universidad del Atlántico se realicen con transparencia, respetando la normativa y garantizando la igualdad de oportunidades. Además, es fundamental que las decisiones se tomen pensando en el bienestar de la comunidad universitaria y que cualquier irregularidad sea investigada por las autoridades competentes para asegurar la legalidad y la confianza en la institución.
Es preocupante ver cómo se intenta pasar por encima de la institucionalidad en la Uniatlántico. Un concurso docente debe ser transparente y basado en el rigor académico, no un mecanismo para pagar favores políticos antes de que termine el mandato. Ignorar al Consejo Académico y, peor aún, actuar a pesar de una recusación vigente, es una falta grave que pone en riesgo el futuro de nuestra universidad. Ojalá los entes de control actúen rápido para frenar este atropello.
El artículo plantea un debate interesante sobre la gobernanza universitaria y el equilibrio de poderes entre los órganos colegiados y la administración. Desde una perspectiva institucional, la tensión entre la Rectoría y el Consejo Académico evidencia la necesidad de que procesos de gran impacto, como la selección docente, se respalden en consensos técnicos y en el debido proceso. Esto es clave para garantizar la legitimidad institucional, especialmente en periodos de transición administrativa