Cristóbal Arteta Ripoll.
La Universidad del Atlántico atraviesa una de las crisis administrativas y de representatividad más agudas de su historia reciente. Bajo la conducción del rector encargado por intervención, señor Rafael Castillo Pacheco, la institución se ha sumergido en una dinámica de desconexión institucional, decisiones aplazadas de manera indefinida y un ejercicio del poder rayano en lo autoritario.
A escasos días de un cambio de gobierno nacional fijado para este 7 de agosto, evento que traerá consigo la designación de un nuevo Ministerio de Educación y el inevitable fin del encargo de la actual administración, el rector saliente redobla el hermetismo. Lejos de actuar con la seriedad y responsabilidad de un docente que transitoriamente dirige los destinos de su propia casa de estudios, Castillo Pacheco opta por la evasiva sistemática: aplaza una y otra vez los encuentros pactados con el profesorado, mientras continúa expidiendo directrices inconsultas a espaldas de la comunidad académica.
La arbitrariedad como método: El fraude en la representación.
La autocracia no solo se evidencia en la evasión del diálogo social, sino en la vulneración flagrante de las reglas del juego democrático institucional. Una de las muestras más gravosas de este proceder fue la reciente elección del representante de la directiva ante el Consejo Superior Universitario.
En dicho proceso, el voto en blanco obtuvo 11 votos y el candidato afecto a la administración alcanzó exactamente 11 votos.
En cualquier marco legal, ético y procedimental transparente, un empate frente al voto en blanco invalida la victoria de cualquier candidato e impone de manera irrefutable la repetición del proceso electoral.
Sin embargo, en una flagrante maniobra de abuso de autoridad, el señor rector decidió mediante acta declarar ganador a su candidato derrotado en las urnas.
Este hecho no solo constituye una arbitrariedad normativa, sino que erosiona aún más la golpeada legitimidad del Consejo Superior y desconoce la voluntad soberana del estamento docente y directivo.
La fragmentación impuesta: Convencionales y Decreto 1279 bajo el mismo despojo.
Esta arbitrariedad política encuentra un terreno fértil cuando la administración aprovecha la división histórica dentro del profesorado. Durante años se ha promovido la falsa premisa de que los docentes del régimen convencional y los acogidos al Decreto 1279 de 2002 son comunidades opuestas con intereses irreconciliables.
Nada más alejado de la realidad. Como lo ha señalado acertadamente el representante profesoral Fernando Cabareas Castellanos:
«La existencia de regímenes jurídicos diferentes no puede convertirse en una justificación para la división, el aislamiento o la indiferencia entre quienes compartimos una misma Universidad…»
Las afectaciones son transversales y nos golpean a todos:
Para los docentes convencionales: Se mantiene el congelamiento del escalafón y el desconocimiento paulatino de primas históricas (exclusividad, antigüedad, especialización, bonificaciones y derechos vacacionales).
Para los docentes del Decreto 1279: Se imponen dilaciones en el reconocimiento de puntos salariales, trabas para el acceso al año sabático y la imposición de normas inconsultas como la Resolución Académica No. 000016 del 10 de junio de 2026, la cual debe ser suspendida e investigada de inmediato por el Consejo Académico.
Para la comunidad en general: Sufrimos el descalabro sistemático de la Unidad de Salud, donde la falta de medicamentos, la lentitud en citas especializadas y los problemas de contratación vulneran directamente el derecho fundamental a la salud y a la vida digna de los docentes y sus familias.
La Asamblea General de Docentes: Una necesidad histórica e impostergable
Si la administración utiliza el aplazamiento, la maniobra ilegítima y la división interna como estrategia de desgaste, la respuesta del profesorado no puede ser la resignación ni el aislamiento individual.
Es indispensable comprender que la defensa de los derechos laborales, académicos y de bienestar no se logra mediante peticiones aisladas, sino a través de la unificación de criterios en medio de la diferencia. La única garantía para detener los desatropellos de una rectoría saliente y para sentar las bases ante el nuevo gobierno nacional que asumirá el 7 de agosto es el ejercicio pleno de la autoconvocatoria.
Se hace imperioso y urgente convocar a una ASAMBLEA GENERAL DE DOCENTES DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. Un espacio soberano, amplio y democrático donde coincidan los docentes convencionales y los del Decreto 1279, con el objetivo de:
Constituir un pliego unificado de exigencias ante la administración saliente y las nuevas autoridades del Ministerio de Educación.
Exigir la nulidad de las decisiones electorales y administrativas arbitrarias impuestas por la rectoría.
Fijar una postura colectiva y contundente para defender la Unidad de Salud, la estabilidad laboral y la dignidad de la carrera docente.
Nadie defenderá lo que perteneciendo a los profesores en justicia, estos no estén dispuestos a defender articuladamente.
Superar el sectarismo de régimen, superar los prejuicios del pasado y encontrarnos en la coincidencia de ser los verdaderos pilares de la universidad pública es la tarea de la hora.
¡Por la dignidad docente, por la verdad institucional y por la Universidad del Atlántico: Unidad y Asamblea General Ya!
Barranquilla, 22 de julio de 2026.
La universidad pública solo puede cumplir su misión cuando el poder está subordinado al conocimiento y no cuando el conocimiento queda subordinado al poder. El artículo **»El ocaso de una administración autocrática y la urgencia de la Asamblea General Profesoral»** constituye una reflexión oportuna sobre esa tensión permanente que enfrentan muchas instituciones de educación superior.
Más allá de las críticas dirigidas a una administración específica, el texto plantea un debate de mayor alcance: la necesidad de recuperar espacios reales de deliberación académica, fortalecer la participación profesoral y reconstruir la confianza institucional. La universidad no puede reducirse a una estructura administrativa; es, ante todo, una comunidad de pensamiento donde la legitimidad se construye mediante el diálogo, la transparencia y el respeto por la pluralidad de ideas.
La convocatoria a una Asamblea General Profesoral adquiere especial relevancia en la medida en que invita a reemplazar la confrontación estéril por la deliberación colectiva. Las grandes universidades del mundo han demostrado que las crisis institucionales no se superan mediante el silenciamiento de las voces críticas, sino creando mecanismos democráticos que permitan tramitar los desacuerdos con argumentos, evidencia y responsabilidad.
La Universidad del Atlántico posee una larga tradición de compromiso con la educación pública y el desarrollo regional. Precisamente por ello, este momento debe asumirse como una oportunidad para revisar prácticas de gobierno, fortalecer la autonomía universitaria entendida como responsabilidad colectiva y promover una cultura institucional donde la excelencia académica prevalezca sobre cualquier lógica personalista. La autonomía universitaria tiene sentido cuando protege la libertad académica, el cogobierno y la deliberación interna, evitando que el poder administrativo se imponga sobre la comunidad universitaria.
En última instancia, el verdadero legado de una administración no se mide únicamente por sus obras materiales, sino por la fortaleza de las instituciones democráticas que deja para las generaciones futuras. Esa es la reflexión de fondo que este valioso artículo invita a realizar.
Muy bien Cristóbal. La asamblea de docentes es urgente. Este rector se encuentra allí por la situación de revtoria planteada por CSU en el caso de Leyton y desde el año pasado hasta el dia de hoy no se conoce su plan de mejoramiento académico y administrativo de la institución. Qué hay con la reforma y el blifajw a los estatutos, qué hay con proceso de formalización, qué hay con la organización de las coordinaciones de programas y direcciones de departamentos académicos y sus nombramientos, que debió definirse hace rato.
Y completamente de acuerdo, hay que rechazar la ‘elección’ del representante de las Directivas académicos porque no le ganó al voto en blanco y además fueron unas elecciones ‘clandestinas’