Cristóbal Elpidio Arteta Ripoll.
Hay épocas en las que una sociedad se enfrenta a una elección entre modelos de gobierno. Y hay otras, más graves, en las que una sociedad debe decidir si conserva o pierde su memoria histórica. La Colombia que se aproxima a las urnas parece encontrarse en esta segunda circunstancia.
La pobreza en Colombia no es una invención ideológica ni un recurso retórico de campaña. Es una realidad estructural que ha acompañado la historia republicana del país. Durante décadas, millones de colombianos fueron expulsados de las oportunidades educativas, laborales y culturales; amplios sectores de la población fueron condenados a la precariedad como si esta fuera un accidente y no el resultado de un orden económico y político profundamente desigual.
La gran paradoja de nuestro tiempo es que, cuando la cuestión social vuelve a ocupar un lugar central en el debate público y cuando los sectores históricamente marginados han logrado, al menos parcialmente, ingresar a la agenda estatal, emerge un discurso que pretende convertir las políticas de inclusión en una amenaza y los derechos sociales en un privilegio inmerecido.
Aquí resulta iluminadora la provocación filosófica de Slavoj Žižek. El filósofo esloveno ha insistido en que la ideología triunfa precisamente cuando logra que las personas perciban como natural aquello que debería parecer insoportable. La verdadera victoria de un sistema desigual no consiste únicamente en producir pobreza; consiste, sobre todo, en persuadir a las víctimas de que cualquier intento de disminuir esa desigualdad constituye un peligro.
Desde esta perspectiva, el problema colombiano no es exclusivamente económico ni electoral. Es fundamentalmente pedagógico y ético. Una sociedad que olvida las condiciones que produjeron la exclusión termina por naturalizar la exclusión misma. La amnesia histórica se convierte entonces en un programa político.
Resulta particularmente preocupante el papel que algunos sectores intelectuales han asumido en esta coyuntura. La función del intelectual en una democracia no es administrar el olvido ni racionalizar las asimetrías de poder. Su responsabilidad ética consiste en mantener viva la memoria de las injusticias, interpelar las narrativas dominantes y ofrecer herramientas críticas para comprender la realidad.
Cuando el intelectual renuncia a esta tarea y se limita a reproducir los prejuicios de las élites, deja de cumplir una función emancipadora para convertirse en un sofisticado administrador del sentido común. Y el sentido común, como advertía Žižek, suele ser el nombre que adopta la ideología cuando ha logrado instalarse cómodamente en la conciencia colectiva.
La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de sociedades que terminaron votando contra sus propios procesos de inclusión social. No porque las mayorías fueran incapaces de comprender sus intereses, sino porque las narrativas dominantes lograron convencerlas de que la desigualdad era el precio inevitable de la libertad y de que la justicia social representaba una amenaza para el orden.
La pregunta que Colombia debe responder en esta hora no es únicamente quién debe gobernar. La pregunta más profunda es qué memoria quiere preservar. Si la memoria de un país que reconoció la existencia de millones de excluidos y decidió colocarlos en el centro de la acción pública, o la memoria de un país que, una vez más, prefirió olvidar.
La elección del presente es, en el fondo, una elección sobre el significado moral de la democracia. Porque la democracia deja de ser un simple procedimiento electoral cuando se convierte en la capacidad de una comunidad política para reconocer la dignidad de quienes históricamente fueron considerados prescindibles.
Quizá la ironía más cruel —y aquí Žižek sonreiría con su habitual irreverencia— sea esta: que después de décadas de convivir con la pobreza y la desigualdad, todavía haya quienes consideren peligroso intentar corregirlas y perfectamente razonable regresar a las condiciones que las hicieron posibles.
No hay ejercicio democrático más riesgoso que el de una sociedad que decide olvidar. Porque cuando los pueblos pierden la memoria de sus exclusiones, terminan votando no solamente contra un gobierno, sino, con frecuencia, contra la posibilidad misma de una historia más justa.
Me la juego por la vida
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