Cristóbal Arteta Ripoll
La autonomía universitaria es un principio fundamental que nos permite tomar decisiones informadas y libres en el ámbito académico. La autonomía universitaria no es solo un derecho, sino un deber que asumimos como académicos. Nos permite diseñar nuestros propios planes de estudio, investigar sin restricciones y elegir a nuestros líderes. La imposición de un rector desde el gobierno nacional socavaría nuestra capacidad para tomar decisiones que beneficien a nuestra institución y a la sociedad en general.
En este momento, enfrentamos un desafío significativo ante las pretensiones del gobierno nacional de imponer un rector sin considerar la voluntad de nuestra comunidad.
La designación de un rector debe ser un proceso transparente y participativo, que involucre a estudiantes, profesores y personal administrativo. Solo así podemos asegurarnos de que el líder elegido sea alguien que comprenda las necesidades y aspiraciones de nuestra comunidad universitaria.
La pasada consulta para designar al Rector dejó un sabor amargo, debido a que estuvo cruzada por desviaciones y vicios, cuyo único propósito era quién obtenía el primer lugar o pasaba entre los cinco primeros. El debate de ideas y proyectos académicos no fue la prioridad. Pero se realizó y así la aceptamos. Yo apoyé a Alvaro González Aguilar y voté por él, quedando en un honroso segundo lugar.
En ninguna norma está establecido que quien gane la consulta es el rector. En otras oportunidades, cuando yo perdí en dos de ellas como candidato, llegamos a acuerdos previos con el gobernador del momento para que se respetara la consulta y lo logramos. Fueron consultas más transparentes pero también cruzadas de vicios. El debate de ideas y proyectos fue la constante de ambas. La consulta se hizo para cumplir con la norma: seleccionar cinco para que el CSU designara al rector.
Cumplido el objetivo, el organismo de poder universitario designó como rector no al primero ni al segundo, sino al tercero en la lista: Leyton Barrios Torres. Ha podido designar a cualquiera no necesariamente al señor Danilo Hernández Rodriguez. Todo se hizo de conformidad con la ley. Otra cosa distinta es si hubo irregularidades en la inscripción de candidatos, ese es un asunto, cuya solución está en manos de los organismos competentes y que debieron tener en cuenta los consejeros.
La autonomía universitaria es un valor que debemos defender con convicción. No permitamos que se imponga una decisión que no refleje la voluntad de nuestra comunidad. Juntos podemos asegurar que la Universidad del Atlántico siga siendo un faro de conocimiento y libertad en nuestra región.
Si queremos que la Autonomía Universitaria sea un pilar importante en la participación comunitaria y se respete la decisión de la mayoría en las urnas hay que impulsar una nueva ley que cambie las reglas de juego establecidas por la Ley 30 de 1992. El gobierno de Petro está en mora de hacerlo. Tal vez no le alcance.
En este momento, es crucial que nos unamos para defender nuestra precaria autonomía y garantizar que nuestra universidad siga siendo un espacio de libertad y pensamiento crítico. Debemos trabajar juntos para proteger nuestros derechos y asegurar que nuestras decisiones sean respetadas.
Esperamos que el nuevo rector cumpla el programa de gobierno y lo complemente con las buenas ideas de otros proyectos. La tarea no es fácil pero puede facilitarse con vocación, sensibilidad universitaria y un buen equipo de gobierno.
Barranquilla. 27 de octubre d 2025.
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