La educación que viene: entre el mercado, la formación humana y la soberanía epistemológica.

Una lectura filosófica de los desafíos educativos del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Cristóbal Elpidio Arteta Ripoll.

La llegada de un nuevo gobierno suele producir en la educación el mismo fenómeno que en otros ámbitos de la vida pública: se anuncian rupturas, se prometen transformaciones y se construyen, desde el primer momento, defensores y detractores de lo que apenas comienza. Conviene, sin embargo, tomar distancia de esa lógica.

La educación colombiana no necesita otra guerra cultural. Necesita pensamiento, continuidad, deliberación y capacidad de distinguir entre lo que debe conservarse, lo que debe corregirse y aquello que definitivamente debe transformarse.

Viviane Morales llega al Ministerio de Educación con un discurso que pone el acento en la formación ética, el carácter, la responsabilidad, la veracidad, el conocimiento y el bien común. Al mismo tiempo, aparecen en el horizonte asuntos de enorme trascendencia: la financiación de la universidad pública, el futuro del Icetex, la calidad educativa, la relación entre educación y empleo, la formación docente y el papel que deberán desempeñar las instituciones regionales.

Sería precipitado juzgar todo ello antes de que se convierta en política pública. Pero sería igualmente irresponsable no preguntarnos qué concepción de educación empieza a insinuarse detrás de estos anuncios. Y aquí aparece una cuestión de fondo: ¿para qué educar?

La respuesta a esta pregunta determinará, mucho más que cualquier reforma administrativa, el futuro de la educación colombiana.

Más allá de la disputa entre gobiernos

El nuevo Ministerio recibe un sistema educativo sobre el cual ya existen políticas, programas y compromisos de largo plazo. Entre ellos se encuentra el IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035, concebido como hoja de ruta para los próximos diez años y construido mediante un proceso participativo territorial. El propio Ministerio lo presenta como un acuerdo nacional con enfoque territorial y como una política que debe trascender los ciclos gubernamentales.  Esto es fundamental.

Un gobierno responsable no debería considerar que la educación comienza el día de su posesión. La política educativa es una construcción histórica, no una propiedad del gobierno de turno.

El gobierno anterior dejó avances, problemas, programas y reformas cuya valoración debe hacerse sin apasionamientos. El nuevo gobierno tiene todo el derecho a revisar aquello que considere equivocado, pero también tiene el deber de reconocer lo que funcione. Gobernar no consiste en borrar la memoria institucional. Consiste en convertir la experiencia acumulada en aprendizaje colectivo.

Por eso, sería deseable que el Ministerio asumiera el Plan Decenal como un punto de partida para el diálogo nacional y no simplemente como la herencia de una administración anterior.

La educación no puede convertirse en una agencia de empleo.

Uno de los grandes riesgos de la educación contemporánea consiste en reducir su finalidad a la empleabilidad.

Por supuesto que la educación debe preparar para el trabajo. Sería absurdo desconocerlo. Una persona que estudia tiene derecho a aspirar a una vida laboral digna y a encontrar en su formación posibilidades reales de realización profesional. Pero de ahí no se desprende que educar sea solamente capacitar para conseguir empleo.

Si ese fuera el único propósito, bastaría con formar trabajadores adaptables a las necesidades coyunturales de las empresas. La universidad se convertiría entonces en una extensión del mercado laboral. El currículo sería diseñado fundamentalmente según las profesiones con mayor demanda. La investigación tendría valor en la medida en que produzca rentabilidad. Las humanidades aparecerían como un lujo.

La filosofía sería cuestionada porque aparentemente no “produce empleo”.

Y la pregunta fundamental dejaría de ser: ¿Qué clase de ser humano y de sociedad queremos formar?, para convertirse en: ¿Qué competencias necesita hoy el mercado?

Ese desplazamiento sería profundamente empobrecedor. Porque una sociedad puede tener trabajadores muy competentes y, simultáneamente, ciudadanos incapaces de preguntarse por la justicia, la democracia, la dignidad, la verdad o el sentido de su existencia.

Una educación reducida a empleabilidad puede producir trabajadores eficientes; pero no necesariamente ciudadanos libres. Y Colombia necesita ambas cosas: buenos profesionales y buenos ciudadanos.

Contra la dictadura de los indicadores.

Algo semejante ocurre con las pruebas estandarizadas. Medir es necesario. Una política pública que no mide sus resultados corre el riesgo de convertirse en retórica. Pero medir no equivale a comprender.

Una prueba puede decirnos cuánto sabe un estudiante de matemáticas o de lectura en un determinado momento. Difícilmente puede medir, en toda su complejidad, su capacidad para pensar críticamente, crear, dialogar, investigar, convivir, interpretar su territorio o construir un proyecto de vida. La educación no puede ser reducida a aquello que resulta fácil de cuantificar.

Cuando los indicadores terminan sustituyendo los fines, ocurre una inversión peligrosa: dejamos de utilizar las mediciones para mejorar la educación y comenzamos a educar solamente para mejorar las mediciones. La calidad educativa es mucho más amplia. Incluye conocimientos rigurosos, pero también imaginación; competencias, pero también criterio; disciplina, pero también autonomía; memoria, pero también capacidad de interpretación. Y, sobre todo, incluye la capacidad de pensar por cuenta propia.

La soberanía epistemológica como horizonte

Es aquí donde adquiere sentido una categoría que he venido desarrollando: la soberanía epistemológica.

Un país no es plenamente soberano cuando solamente controla jurídicamente su territorio o administra políticamente sus instituciones. También necesita capacidad para producir, interpretar, validar y transmitir conocimiento desde sus propias realidades históricas y territoriales.

La soberanía epistemológica no significa encerrarse intelectualmente ni rechazar el conocimiento producido en otras latitudes. Todo lo contrario. Significa dialogar con el mundo sin renunciar a la capacidad de pensar desde nosotros mismos.

Durante demasiado tiempo América Latina ha sido, en buena medida, consumidora de teorías, modelos educativos, tecnologías y categorías elaboradas en otros contextos.

Importamos modelos curriculares, sistemas de evaluación, tecnologías, lenguajes administrativos. Y muchas veces terminamos evaluando nuestros problemas con categorías que no nacieron de nuestra propia experiencia histórica.

La cuestión no consiste en rechazar el conocimiento universal. Consiste en preguntarnos: ¿desde dónde conocemos?, ¿quién produce el conocimiento que orienta nuestras políticas?, ¿qué lugar ocupan nuestros territorios, nuestras comunidades, nuestras historias y nuestras culturas en la construcción del saber?

La educación colombiana necesita dar un salto: pasar de una política de acceso al conocimiento a una política de producción de conocimiento propio en diálogo con el conocimiento universal. Eso es soberanía epistemológica. Y en este punto la universidad pública adquiere una importancia estratégica.

Defender la universidad pública regional

Las universidades públicas regionales no pueden ser vistas simplemente como instituciones que reciben recursos del Estado para impartir carreras. Son centros de producción de conocimiento territorial.

Una universidad como la Universidad del Atlántico no solamente forma profesionales para Barranquilla o para el Caribe. Puede y debe producir conocimiento sobre el Caribe: su historia, su cultura, sus conflictos, sus economías, sus identidades, sus problemas ambientales, sus procesos políticos, sus lenguajes y sus formas particulares de comprender el mundo. Ahí radica una parte fundamental de su misión histórica.

Por eso, financiar la universidad pública no significa únicamente financiar matrícula. Significa financiar ciencia, pensamiento, investigación, humanidades, arte, innovación y soberanía intelectual.

El propio proceso de construcción del IV Plan Decenal había colocado entre sus ejes el fortalecimiento de la financiación de la educación pública y la construcción de conocimiento público para la transformación social.  Este principio debería mantenerse, independientemente del gobierno que lo implemente.

La universidad pública regional no puede quedar subordinada a la lógica de la rentabilidad inmediata. Hay investigaciones que producen resultados económicos rápidos. Pero hay otras que producen algo mucho más lento y, quizá, más importante: sociedades capaces de comprenderse a sí mismas.

La investigación histórica, filosófica, antropológica, lingüística o cultural puede no producir una patente mañana. Pero puede producir ciudadanía, memoria, identidad y capacidad crítica durante generaciones.

Icetex: complemento, no sustitución.

En este contexto debe analizarse también la propuesta de fortalecer el Icetex.

El crédito educativo puede cumplir una función importante. Facilita oportunidades, amplía opciones y puede permitir que jóvenes que no encuentran cupo o condiciones adecuadas en determinadas instituciones puedan acceder a la educación superior. Pero el crédito no puede convertirse en el sustituto de la responsabilidad pública.

Si el fortalecimiento del Icetex significa ampliar las oportunidades sin debilitar la universidad pública, puede ser una política razonable. Si significa desplazar progresivamente la financiación de las instituciones públicas hacia subsidios individuales para que los estudiantes compren educación en el mercado, entonces estaríamos ante un cambio estructural mucho más profundo.

Ahí la discusión merece toda nuestra atención. La pregunta no es simplemente: ¿quién recibe el subsidio?. La pregunta es: ¿qué sistema educativo estamos construyendo con ese subsidio?

Ética sí; adoctrinamiento no.

La preocupación de la nueva ministra por recuperar la formación ética también merece una consideración serena.

La educación necesita ética. Necesita formar personas capaces de distinguir entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira, entre responsabilidad y oportunismo. Necesita recuperar la palabra, el argumento, el respeto por el otro y el sentido de responsabilidad frente a la sociedad.

Pero una cosa es formación ética y otra muy diferente es imposición moral.

La escuela pública debe formar ciudadanos en una sociedad pluralista. La Constitución no autoriza al Estado a imponer una determinada concepción religiosa o moral de la existencia. Por eso, la mejor educación ética no es aquella que enseña al estudiante qué debe pensar. Es aquella que le enseña por qué debe pensar antes de actuar y cómo responder responsablemente por aquello que piensa y hace. La diferencia es enorme.

La inteligencia artificial cambia la pregunta.

Hay, además, un desafío que ningún proyecto educativo serio puede ignorar: la inteligencia artificial.

Durante siglos, la escuela tuvo como una de sus funciones principales transmitir información. Hoy una máquina puede recuperar, organizar, traducir, resumir y producir información a una velocidad incomparablemente superior a la humana. Esto no vuelve inútil al maestro. Lo vuelve más necesario, pero de otra manera.

El maestro del futuro no puede competir con la máquina en velocidad de almacenamiento y recuperación de información. Debe hacer aquello que la máquina no puede garantizar por sí sola: formar criterio. Enseñar a preguntar. a dudar, a contrastar, a interpretar, a distinguir conocimiento de información y enseñar responsabilidad.

En este escenario, la soberanía epistemológica adquiere una nueva dimensión: no basta con acceder a la inteligencia artificial; necesitamos desarrollar la capacidad de decidir qué conocimiento queremos producir con ella, para quién y con qué finalidad social. Una sociedad que utiliza inteligencia artificial sin soberanía intelectual corre el riesgo de convertirse simplemente en consumidora de tecnologías diseñadas por otros.

La universidad que necesita Colombia.

La universidad colombiana del futuro no puede ser exclusivamente una universidad profesionalizante. Necesita formar profesionales, desde luego. Pero también científicos, filósofos, artistas, investigadores, ciudadanos y productores de cultura. Necesita cultivar las ciencias naturales y las ciencias sociales. Necesita tecnología, pero también humanidades. Necesita innovación, pero también memoria. Necesita productividad, pero también pensamiento crítico. Necesita conexión con las empresas, pero sin convertirse en una empresa.

Ese equilibrio será una de las grandes pruebas del nuevo Ministerio. Porque una universidad que se subordina completamente al mercado pierde autonomía. Pero una universidad que se encierra en sí misma y no dialoga con las necesidades sociales también traiciona su misión.

La clave está en otra parte: una universidad autónoma que dialogue críticamente con la sociedad sin someterse a ella.

No destruir lo construido: superar lo insuficiente.

El nuevo gobierno tiene ante sí una oportunidad que sería lamentable desperdiciar.

Puede convertir la educación en otro campo de batalla ideológica o puede hacer algo más difícil: construir una política educativa nacional capaz de superar las fracturas partidistas. Para ello tendrá que reconocer que la educación pública necesita financiación sostenible. Que la gratuidad debe estar acompañada de calidad. Que la cobertura debe estar acompañada de permanencia. Que la empleabilidad importa, pero no agota el sentido de educar. Que los indicadores sirven, pero no reemplazan el juicio pedagógico. Que la tecnología es indispensable, pero no puede sustituir al pensamiento. Que el maestro necesita autoridad, pero una autoridad fundada en el conocimiento y no en el autoritarismo. Que la universidad necesita autonomía, pero también responsabilidad social. Y que las regiones no pueden continuar siendo simples receptoras de políticas diseñadas en el centro.

Una última palabra: educar para la libertad.

La verdadera discusión sobre la educación colombiana no debería ser entre derecha e izquierda. Esas son categorías obsoletas. Debería ser entre una educación que emancipa y una educación que subordina. Entre una educación que forma sujetos capaces de pensar y una que los prepara exclusivamente para adaptarse. Entre una universidad que produce conocimiento y una que solamente lo consume. Entre un ciudadano que pregunta y otro que simplemente obedece.

La educación es demasiado importante para quedar reducida a una disputa electoral. El gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que demostrar si su propuesta educativa es capaz de superar la coyuntura y convertirse en una verdadera política de Estado.

A Viviane Morales le corresponde una responsabilidad particularmente grande: demostrar que la recuperación de la ética puede convivir con el pluralismo; que la defensa de los valores no significa adoctrinamiento; que el fortalecimiento del Icetex no implica debilitar la universidad pública; que la búsqueda de empleabilidad no significa convertir la educación en mercancía; y que la preocupación por la calidad no termina reduciendo el conocimiento a cifras.

Pero también corresponde a los profesores, estudiantes, investigadores, sindicatos, universidades y comunidades educativas ejercer una oposición democrática cuando sea necesaria y una cooperación crítica cuando sea posible.

No se trata de conceder un cheque en blanco. Tampoco de negar por principio cualquier iniciativa del nuevo gobierno. Se trata de ejercer la sindéresis: esa capacidad de discernir, en medio de posiciones enfrentadas, aquello que debe defenderse, aquello que debe corregirse y aquello que debe rechazarse.

Colombia necesita una educación que no sea prisionera del mercado, pero tampoco del Estado; que no sea rehén de las ideologías, pero tampoco indiferente a los valores; que no desprecie el conocimiento universal, pero que tampoco renuncie a producir conocimiento propio.

En definitiva, necesita una educación capaz de formar sujetos que no solamente sepan trabajar, sino también pensar; que no solamente sepan adaptarse, sino también transformar; que no solamente conozcan el mundo, sino que tengan la capacidad de interpretarlo desde su propia realidad y contribuir a cambiarlo.

Ese es, en última instancia, el sentido más profundo de la soberanía epistemológica: que un pueblo pueda participar en la construcción del conocimiento con el que piensa su presente y proyecta su futuro.

Y quizá allí esté la pregunta decisiva que el nuevo gobierno tendrá que responder: ¿quiere Colombia una educación para incorporarse pasivamente al mundo que otros han construido, o una educación capaz de formar ciudadanos que participen soberanamente en la construcción del mundo que viene?

La respuesta determinará mucho más que el destino de un Ministerio. Determinará qué clase de país queremos ser.

Sin vocación y sensibilidad por la educación de la sociedad, no se conduce adecuadamente el destino de una nación.