CONSTITUYENTE Y UNIVERSIDAD.
Cristóbal Arteta Ripoll.
El Heraldo, Diciembre de 1990
«No es el camino… es un instrumento».
El 27 de mayo de 1990 fue un día de gran significación histórica para Colombia. Ese día, el pueblo colombiano expresó masivamente en las urnas su voluntad por una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional Constitucional.
La experiencia histórica nacional nos indica que han sido pocas las reformas constitucionales llevadas a cabo por asambleas constituyentes, siendo más numerosas las adelantadas por Congresos.
Todas nuestras constituyentes han surgido para responder a circunstancias de crisis y como alternativas de cambio y renovación. Pero no siempre ellas han respondido fielmente a los objetivos y programas que sus promotores les han trazado. Han sido tantas las dificultades, especialmente políticas, con las que han tropezado, que sus decisiones terminaron siendo vulnerables, o simplemente no se transformaron en reales soluciones a los más agudos y graves problemas de las mayorías nacionales. Entre otras cosas, porque a todas las ha identificado como objetivo transcendental, no la transformación real de la sociedad, sino la solución a los problemas y dificultades del régimen vigente y de las fuerzas que lo controlan y dominan. Así sucedió con la Gran Convención Nacional de Ocaña en 1828, con la Convención de Rionegro en 1863, con el Consejo Nacional de Delegatarios en 1886, con la Asamblea Nacional Constituyente en 1905, con la Asamblea Nacional de Colombia en 1910 y con la Asamblea Nacional Constituyente en 1953.
Ninguna de ellas se convirtió en la solución de fondo de la problemática nacional. Sus medidas y decisiones en algunos casos sólo lograron maquillar las arrugadas mejillas de la vieja sociedad. Sólo la de Rionegro mostró ímpetu revolucionario y transformador, pero con una filosofía política preñada de romanticismo y carente de objetividad en el análisis de las circunstancias de la época que muy pronto la convirtieron en instrumento de la anarquía, la insensibilidad social y la inestabilidad política.
Por los antecedentes históricos, por las condiciones internacionales, por los aires de cambio y renovación que soplan en todo el territorio nacional y porque el pueblo está decidido firmemente a ser protagonista de su propia historia, eligiendo a sus más connotados dirigentes, la próxima Asamblea Nacional Constituyente debe ser no el camino, sino el instrumento que le permita al pueblo abrir el camino al andar.
Ya basta de tanta demagogia y retórica que lo que han hecho es crear vanas ilusiones. Los grandes problemas nacionales deben abordarse con la profundidad que las soluciones requieren. La nueva Constitución Nacional debe reflejar los cambios nacionales e internacionales de la época presente. Debe permitir una real democracia, creando espacios para que el pueblo, a través de sus propias organizaciones, se exprese en forma autónoma y libre frente a las grandes decisiones nacionales; debe garantizar y asegurar verdaderamente la protección de los derechos humanos tan pisoteados en nuestro país; debe dar paso a la autonomía regional frente al excesivo centralismo; debe establecer las medidas que hagan del Estado un instrumento de justicia social y bienestar comunitario. Pero, sobre todo, debe establecer un nuevo sistema educativo que asegure la educación para todos los colombianos en todos sus niveles y que proyectada hacia la formación de un hombre nuevo se interese por la calidad de la educación y por la formación de los docentes que la imparten.
Los proyectos gubernamentales sobre el particular han sido muy escuetos y pobres. Definitivamente pareciera que la educación y con ella la Universidad colombiana no se contara entre los grandes propósitos de la reforma (Ver el documento «Reflexiones para una nueva Constitución», preparado por el gobierno del presidente Gaviria). ¿Cómo es posible hablar de cambios y de progresos en la vida económica, política y social, sin introducirlos en la base más sustancial de la sociedad como es la educación?
Las propuestas universitarias en esa dirección deben ser audaces y revolucionarias. El Decreto Ley 080 de 1980, actualmente vigente, impide la optimización de la Universidad colombiana y la hace presa de la politiquería y el clientelismo, como plagas que la devoran sin cesar. No se trata de construir una universidad política y neutral. Al contrario, hay que estimular que la verdadera política, la del servicio a la comunidad, llegue a la Universidad.
La imposición de Rectores establecida por el Decreto Ley 080 de 1980 debe dar paso a la democracia directa ejercida por estudiantes y profesores, quienes deben elegir democráticamente a las principales autoridades académico-administrativas de la institución: rectores, vice-rectores y decanos.
Los organismos del poder interno deben asumir un papel más participativo en la dinámica de la vida universitaria, limitando y controlando el excesivo autoritarismo rectoral hoy vigente. No es posible que el Consejo Superior, los Consejos Académicos y de Facultades tengan más bien un carácter formal que decisorio.
El presupuesto para la educación debe aumentarse considerablemente, tomando como dato de referencia el punto porcentual más elevado de América Latina. Sobre todo, las partidas destinadas a la investigación, estableciendo mecanismos que eviten su apropiación para otros menesteres y estimulando a la Universidad que investiga permanentemente.
La autonomía universitaria y la inviolabilidad del domicilio de la Universidad es la única manera de evitar los desafueros de aquellos organismos del Estado que ni vigilan ni controlan la buena marcha de la educación superior en Colombia, más bien la obstaculizan con medidas absurdas y lluvias de normas y decretos.
Hay que hacer posible una universidad abierta al mundo, con excelentes y provechosas relaciones de intercambio académico, cultural, científico e investigativo. Los avances científicos y técnicos de otras latitudes hay que integrarlos a nuestro sistema educativo. La retórica sobre el atraso de nuestro sistema educativo y la presentación de cifras frías para justificarlo, como han venido haciendo nuestras grandes autoridades educativas, lo que deben permitir es la adopción de claras y radicales medidas de renovación y adaptación de experiencias de los avanzados modelos educativos que más sirven a nuestras circunstancias y propósitos. No se trata de copiar o calcar. Hay que avanzar, y para lograrlo, nada mejor que integrarnos a la producción intelectual de la época en el mundo.
Una universidad aislada y atrasada no sirve a una sociedad siempre cambiante y dinámica. La Universidad que necesita Colombia es la de la contemporaneidad para que active y dinamice con sus investigaciones a la economía, a la cultura y a la política, es decir, una Universidad que se convierta de hecho en un instrumento real de progreso y desarrollo.
Treinta y cuatro años después de haberse escrito esta página universitaria, se plantea una nueva Asamblea Nacional Constituyente para que una nueva constitución resuelva lo que la política tradicional se resiste a cambiar. ¿Será ello posible en medio de tanta polarización?. Mientras el pueblo no tome conciencia de su real dimensión política quienes manejan los órganos del poder ejecutivo, político, legislativo y judicial los seguirán detentando y las grandes transformaciones seguirán aplazadas independientemente.
Educar políticamente al pueblo para que no sea su propio verdugo debería ser el interés supremo de la buena política.
“Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción” (Bolivar).
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